Si hay algo intocable en una democracia son los períodos constitucionales para los cuales fueron electos los candidatos a las diferentes corporaciones públicas, dónde el ciudadano decidió depositar no sólo su voto, sino su CONFIANZA en ellos por un período determinado.

Hace  unos pocos días  un grupo de parlamentarios  de la Cámara de Representantes radicó un proyecto de acto legislativo en el cual buscaba la ampliación del período constitucional para Congresistas, Defensor del Pueblo, Procurador, Contralor, Registrador, gobernadores y alcaldes . Argumentan el posible ahorro  que podría tener el Estado en cerca de 3 billones de pesos al no tener que convocar a elecciones hasta el año 2024, también  el riesgo de contagio por pandemia al ir a las urnas y el fortalecimiento de la capacidad de gestión administrativa en las entidades territoriales, sin embargo se les olvida aspectos relevantes para tener en cuenta.

El origen de la elección popular es por mandato del PUEBLO y en este caso puntual los actuales congresistas fueron electos para un período que va desde el 20 de Julio de 2018 al 19 de Julio de 2022,  sin que pueda contrariarse el deseo del ciudadano y el espíritu de la norma al momento de las elecciones de 2018.  Los beneficiarios de la ampliación no podían haberla propuesto ya que  estaban inmersos en conflicto de interés legislando en interés propio. 

Fue tanto el revuelo de tan abusiva iniciativa que en menos de 24 horas el país entero manifestó indignación con este atropello a la democracia y debieron retirarlo,  porque más de quince (15) congresistas solicitaron a la Secretaria General de la Cámara de Representantes el retiro de su firma, sin embargo la intención era clara, cambiar las condiciones en beneficio personal y reglas para las próximas elecciones, las cuales serán en menos de un año.