El Gobierno se alista para presentar una reforma, en la que se busca vigorizar las finanzas públicas que han quedado tan maltrechas después de esta pandemia sin antecedentes recientes que hemos vivido en el mundo entero. El gobierno tiene pudor en ponerle el apellido de tributaria a su reforma. Prefieren llamarla “Ley de Solidaridad Sostenible” aunque todo el mundo adivina ya que será una Reforma Tributaria común y corriente.

La diferencia radica en que la nueva reforma, llámese como se llame, encuentra a los ciudadanos y a los sectores productivos golpeados, empobrecidos, pesimistas y con poca tolerancia a las acciones de un gobierno que ya se encuentra con el sol en las espaldas. El país ya empieza a discutir cuál es el gobernante que sigue, y esta reforma le pisará los talones al calendario electoral, en el que muchos de los que van a votar a esa ley en el Congreso de la República aspiran a reelegirse.

El ambiente no facilita la tolerancia de los ciudadanos a las acciones del gobierno. Eso hay que tenerlo en cuenta con el fin de no incentivar explosiones sociales que nadie cuerdo quiere ni busca. Son muchas las especulaciones que hay sobre esa reforma a la que rodean tan pocas certezas. Hace unos días el exministro Juan Camilo Restrepo citó al también exministro Juan Carlos Echeverry, diciendo que este último calcula que la reforma tributaria -tal como ha sido anunciada- les arrebataría a las familias colombianas un 56% del ingreso disponible después del consumo. Si eso es así, apague y vámonos, pues seria la chispa que se necesita para que el descontento sea atizado con consecuencias impredecibles.

El gobierno debe entender que el palo no está para cucharas. La pandemia le dio un giro inesperado a la dinámica de crecimiento económico con especial énfasis en la clase media, grupo poblacional que con dificultades logra que sus hijos puedan acceder a las universidades en muchas ocasiones con créditos ICETEX o realizan esfuerzos para adquirir algunos bienes, vivienda o carro;  una clase media que se caracteriza por ser perseverante, luchadora, con deseos de crecimiento y mejores oportunidades.

Sin embargo, el panorama no es alentador. Según el documento CONPES 4023, referente a la reactivación económica, se estima una reducción en este segmento en cerca de 4 puntos, lo que nos lleva a inferir que el número de personas pobres en Colombia estaría en aumento y cerca al 42% de la población.

Y no es para menos nuestra preocupación, de acuerdo con la encuesta DE PULSO SOCIAL realizada por el DANE, los indicadores de confianza del consumidor no son alentadores: el 75% de los colombianos considera que la situación económica del país está peor que hace un año, y mucho peor cerca del 18%; un número significativo de jefes de hogares consideraban que el empleo se reduciría fuertemente este año. El 69% manifiesta no tener posibilidad de compra de zapatos, ropa, alimentos; solo el 9% de la población puede ahorrar, y el 87% no tenía posibilidad de comprar electrodomésticos o muebles comparados con febrero de 2020.

Con la reforma, según dicen, se pondría mas IVA en alimentos de la canasta familiar e impuesto a las pensiones (aún no se conoce desde que monto). Se espera recaudar  por incremento del IVA cerca de 10 billones de pesos; las personas jurídicas aportarían alrededor de 3 billones, y el gran fuerte sería la ampliación de la base tributaria en renta de personas naturales con la cual se recaudaría aproximadamente 16 billones.  El impuesto de dividendos de personas naturales pasaría del 10 al 15%, entre otros.

Si hay algo intocable en una democracia son los períodos constitucionales para los cuales fueron electos los candidatos a las diferentes corporaciones públicas, dónde el ciudadano decidió depositar no sólo su voto, sino su CONFIANZA en ellos por un período determinado.

Hace  unos pocos días  un grupo de parlamentarios  de la Cámara de Representantes radicó un proyecto de acto legislativo en el cual buscaba la ampliación del período constitucional para Congresistas, Defensor del Pueblo, Procurador, Contralor, Registrador, gobernadores y alcaldes . Argumentan el posible ahorro  que podría tener el Estado en cerca de 3 billones de pesos al no tener que convocar a elecciones hasta el año 2024, también  el riesgo de contagio por pandemia al ir a las urnas y el fortalecimiento de la capacidad de gestión administrativa en las entidades territoriales, sin embargo se les olvida aspectos relevantes para tener en cuenta.

El origen de la elección popular es por mandato del PUEBLO y en este caso puntual los actuales congresistas fueron electos para un período que va desde el 20 de Julio de 2018 al 19 de Julio de 2022,  sin que pueda contrariarse el deseo del ciudadano y el espíritu de la norma al momento de las elecciones de 2018.  Los beneficiarios de la ampliación no podían haberla propuesto ya que  estaban inmersos en conflicto de interés legislando en interés propio. 

Fue tanto el revuelo de tan abusiva iniciativa que en menos de 24 horas el país entero manifestó indignación con este atropello a la democracia y debieron retirarlo,  porque más de quince (15) congresistas solicitaron a la Secretaria General de la Cámara de Representantes el retiro de su firma, sin embargo la intención era clara, cambiar las condiciones en beneficio personal y reglas para las próximas elecciones, las cuales serán en menos de un año.

La Ley 1955 de 2019 estableció “la creación de un Piso de Protección Social para las personas que tengan relación contractual laboral o por prestación de servicios por tiempo parcial y que en virtud de ello reciban un ingreso mensual inferior a un (1) Salario Mínimo Mensual Legal Vigente” dicha normativa fue reglamentada por el Gobierno Nacional a través del Decreto 1174 del 27 de agosto de 2020 y que entró en vigencia a partir del 1 de febrero del presente año.

Antes de analizar de manera detallada la norma en mención es importante resaltar cifras que inquietan en nuestro país, según datos del DANE de octubre a diciembre de 2020 la tasa de empleo informal fue del 49%, la cifra más alta desde 2014 con un crecimiento de 1,4% respecto al 2019, siendo Cúcuta y Sincelejo las ciudades con mayor número de informalidad, Manizales (39,8) y Tunja las de menor informalidad.

Hoy cerca de 9 millones de colombianos trabajan en la informalidad, dedican su tiempo de manera parcial a un trabajo u oficio o  devengan un salario inferior a un salario mínimo.

El Piso de Protección Social busca disminuir la brecha de desigualdad e integrar el régimen Subsidiado del Sistema Integrado de Seguridad Social, el programa BEPS (beneficios económicos sociales ) con el fin de proteger en la vejez y de igual  forma un seguro laboral y por enfermedad relacionada por BEPS.

Podrán acceder las personas que tengan uno (1) o mas vínculos laborales por tiempo parcial, quienes celebren uno (1) o más contratos de prestación de servicios  y que reciban menos de un salario mínimo o contraprestación. Podrán acceder quienes no cuenten con contrato laboral o de prestación de servicios siempre y cuando no cuenten con la capacidad económica de pago para cubrir el valor de la cotización.

Después de un año en donde vivimos el encierro, la distancia, la solidaridad, la empatía, la crisis económica, la incertidumbre y el miedo, por fin llegó la vacuna. Esas escenas que nos habían emocionado cuando las veíamos a la distancia en otros países, hoy llegan a nuestro territorio, y hemos podido ver cómo, poco a poco, esta empezando a darse ese goteo de vida que nos llena de optimismo, de esperanza, de futuro y de mucha tranquilidad.

Esos pequeños frasquitos tan poco pretenciosos encierran un mensaje de fe y confianza. El ambiente emocional que se vive es otro. Ni siquiera los que critican la cantidad de vacunas que han llegado o la velocidad con la que se están aplicando, logran quitarnos la emoción que sentimos de saber que ya empezamos un proceso que habíamos anhelado durante tantos meses.

El país que llega no es igual al país que dejamos antes de la pandemia. Ya somos conscientes de la fragilidad de nuestra especie, de lo vulnerables que somos a tantos peligros que creíamos superados, de lo endebles que son muchos sectores productivos de nuestra economía, y especialmente, de lo inequitativo que es un país en donde un altísimo porcentaje de personas viven de lo que producen día a día y no están preparados para enfrentar algunos pocos días de encierro.

La pandemia nos evidencia la convivencia de contrastes en lo que convive estrechamente la decepción y el optimismo. De un lado la decepción por la vulnerabilidad del sistema hospitalario y del otro el optimismo por la fuerza, la competencia y el compromiso del personal de salud. De un lado la falta de instrumentos del sistema educativo y del otro la voluntad, la mística y la imaginación del profesorado. De un lado emprendimientos cerrados, y del otro, emprendedores que se preparan a insistir con renovados ímpetus para reencontrarse nuevamente con sus sueños. De un lado un sistema productivo debilitado y exhausto, y del otro, la voluntad de un empresariado que enfrentó la embestida sanitaria y que ahora se prepara para retomar su actividad, en muchos casos, empezando desde cero.

Los colombianos hemos sido testigos de lo mejor de nosotros. Lo hemos visto en nuestras casas, en donde los padres de familia asumieron el acompañamiento educativo de sus hijos con imaginación y amor. Lo hemos visto en las empresas y las familias que buscaron la forma de ayudar a los sectores más vulnerables. Lo hemos visto con los mandatarios locales que apelaron a la creatividad para encontrar caminos para resolver tantas problemáticas insólitas que los desafiaban a diario y con sentido de urgencia.

El futuro llegó a nuestras vidas en unos pocos meses y tuvimos que aprender en forma acelerada la forma de afrontarlo. Creo que debemos felicitarnos cada uno de nosotros por la lucha que tuvimos que librar y que enfrentamos de la mejor manera posible. Todos hemos sido protagonistas de actos y decisiones sin antecedentes para seguir estudiando, trabajando, produciendo, recreándonos e interrelacionándonos con nuestros afectos.

Pero la cosa no ha parado.

Ahora necesitamos que la vacunación sea un proceso equitativo, solidario y respetuoso. Ahí tenemos una oportunidad de evidenciar que aprendimos la lección que nos dio la vida. Que podemos dejar atrás ese mundo de privilegios, de poder, de indiferencia y de abuso que nos llevo a esa situación de vulnerabilidad colectiva que vivimos en el último año.

Ojalá podamos demostrar que somos distintos como personas y como sociedad. El futuro nos esta mirando, no podemos ser inferiores a las expectativas que tienen en nosotros.

En la semana que termina fue aprobado en plenaria del Senado de la República el proyecto de ley 234 de 2020 a través del cual se reforma el código electoral colombiano y así modernizar la forma de elegir y ser elegido,  modifica las competencias de las autoridades que intervienen, y los procedimientos para el ejercicio electoral.  Lo único que falta para que sea Ley es la revisión constitucional y la posterior sanción presidencial.

De entrada, algunos cambios suscitan interés para los ciudadanos, como por ejemplo la ampliación de la jornada de votación hasta las 5 de la tarde y el servicio público gratuito el día de las elecciones, igualmente, se creará un nuevo censo y domicilio electoral donde acertadamente los puestos de votación se asignan en función de su residencia eliminando  la inscripción de cédulas en lugares diferentes, tratando, con esto, de combatir la trashumancia electoral.

Con respecto a la paridad de género existen cambios en la conformación de las listas, anteriormente, debían las organizaciones políticas incluir un 30 % de mujeres, ahora, con la reforma, deberán incluir un 50%.

En mi opinión, como mujer, con vocación pública, siempre he considerado que los espacios públicos y privados no se exigen, sino que se ganan, y esta sería una oportunidad de oro para demostrar por parte de las mujeres un liderazgo con capacidad de lucha y triunfo. Cada espacio alcanzado por nosotras ha sido fruto de la lucha, la obstinación y la voluntad. Nunca nos han regalado nada y lo que hoy consagra esta norma es la consecuencia de la lucha silenciosa de miles de mujeres que impulsaron desde siempre la paridad en todos y cada uno de los escenarios públicos y privados. Mujeres anónimas y visibles que desde hace décadas alzaron su voz por tantas cosas que hoy nos parecen normales pero que en ese momento eran objeto de burla o indiferencia.

En cuanto a ese 50% en las listas es importante que las directivas de los partidos entiendan que no se trata de un requisito que hay que cumplir rellenando las listas con nombres sin viabilidad alguna sino de realmente asumir un compromiso real con la paridad, es decir, dándole fuerza a sus aspiraciones, promocionando con los recursos del partido sus nombres y estableciendo protocolos de igualdad en el impulso de sus pretensiones electorales, diseñando estrategias para que la paridad se consolide en la realidad y no sea el lánguido cumplimiento de un requisito.